La defensa del Estado la lleva a cabo la Procuradurí­a General del Estado; sin embargo, para afrontar una defensa con tantas complejidades y una experticia especí­fica como un arbitraje internacional de este nivel, el Estado ecuatoriano ha tenido que contar con abogados externos, incluso porque, para ese momento, nuestro país no tení­a experiencia en arbitrajes internacionales ni había abogados nacionales sin algún grado de compromiso con las petroleras.

La defensa de Ecuador ha tenido un trabajo intenso en este proceso, ha realizado un trabajo profesional con argumentos, pruebas, documentos, testigos, peritos y otros elementos que han demostrado que el Ecuador tiene la razón, que la decisión de caducidad fue adoptada de acuerdo a lo previsto en el contrato y en la Ley de Hidrocarburos.

No sólo Ecuador si no muchos paí­ses del mundo utilizan firmas internacionales especializadas en arbitraje para poder defenderse en casos de arbitrajes de inversiones, porque es un sistema especializado que necesita abogados que tengan no sólo la experticia jurídica, sino la logística que implica asumir una demanda como esta.

Los procesos de arbitraje internacional tienen un costo dado en relación a la importancia del caso, la experticia de los abogados y la cuantía del proceso. El Ecuador ha sido muy responsable en el manejo de la defensa del Estado, en la contratación de abogados, peritos y expertos, en el tiempo invertido y en el control de la ejecución de la defensa.

Si se tomara en cuenta la tabla de honorarios de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, que fija un 5% en casos litigiosos, en una cuantía como la del reclamo de Occidental, que es de 3.370 millones de dólares, nuestra defensa debí­a costar unos 165 millones de dólares.

En el caso Oxy, el Ecuador ha contado desde 2006 con la asesoría de dos firmas jurí­dicas importantes: ˜Squire, Sanders and Dempsey™ y ˜Dechert LLP™. Los honorarios de estas firmas, así­ como el total de gastos incurridos en este caso, son datos públicos, los mismos que se incluyeron en el Escrito de Costas del Estado y que ascienden a un total de USD 19 630 913,11 dólares. Incluso la información completa del caso fue entregada a varios asambleí­stas que la solicitaron en 2011 y, a nuestro pedido, la Contraloría ha realizado los exámenes especiales correspondientes y hasta este momento no hemos tenido una observación al respecto.

Si perdemos el caso, obviamente habrá que ver cuánto ha incidido la defensa en los resultados, incluso en la definición de montos, en relación a cuánto se logre bajar las pretensiones de Oxy.

SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO

• El proceso ha durado seis años, desde la notificación de la controversia que fue en mayo del 2006, al dí­a siguiente de la declaratoria de caducidad.
• Hasta la presente fecha se han realizado deliberaciones que han requerido nueva información para definir ciertos temas en los que el Tribunal todaví­a no ha alcanzado una posición definitiva.
• Desde marzo de 2010, cuando se realizó la audiencia final, se han dado dos audiencias adicionales: una el 30 de junio de 2011, en Washington, y la última el 12 de abril de 2012, en Londres.
• Hubo, además, intercambios de escritos entre abril y mayo de 2011, y luego entre octubre y noviembre del mismo año, sobre el tema de cesión de derechos.